Para llevar acabo el proceso de regionalización, era necesario establecer una Reforma Administrativa Integral a través de la Conara (1974), ya que el Estado se reconocía como el único actor capaz de llevar a cabo una reestructuración administrativa, por lo tanto, era necesario transformar el aparato fiscal en una institución eficiente.
En base a lo expuesto en el texto “Reforma Administrativa Integral de Chile y el Proceso de Regionalización”[1], La reforma debía ser llevada a cabo bajo ciertos órdenes o directrices:
Subsidiariedad: Término legal que significa “reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma”. [2] En la entrada anterior, se menciona que “Durante los años 1939 y 1973, el estado poseía un alto grado de control sobre la economía y los servicios a través de una administración pública centralizada”, El autor de esa entrada dio en lo correcto, el país llevaba varios años bajo una economía controlada por el Estado la cual había comenzado con los gobiernos Radicales en el año 1939[3].
En cuanto a este concepto, existen dos razones que obligan al gobierno de la época a ponerlo en práctica. En primer lugar, el enorme aparato estatal se había convertido en una institución ineficiente que consumía más recursos de los que generaba por lo que era necesario atomizarlo a través de la reducción de sus funciones. En segundo lugar, el modelo de “Estado protector” se convertía cada vez más en un modelo de “Estado Opresor”. El exceso de control no permitía la autoiniciativa o la voluntad de “emprender” por parte de la sociedad. Los altos impuestos y la excesiva regularización de todo el quehacer social mermaban la libertad económica.
Apoliticidad: “el Funcionario público debe tener total presindencia política en su actuación y desarrollo de su carrera, para asegurar la imparcialidad de su gestión”. Como se señalaba en la entrada anterior, los gastos o acciones públicas muchas veces se hacían en base a criterios electorales, por lo que la APOLITICIDAD elimina este problema.
Gradualidad: El proceso debe ir avanzando en forma progresiva y sistemática, sin apresuramientos ni demoras a través del aprovechamiento de las distintas instituciones estatales y el mejoramiento de estas.
Racionalización: al igual que en la implementación de la “Subsidiariedad”, la racionalización busca achicar el aparato estatal a través de una correcta apreciación de la dimensión de los distintas entidades públicas
[1] [1]http://www.subdere.gov.cl/1510/article-68995.html
[2] http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=subsidiariedad
[3] Vial Gonzalo. Resumen de la historia de Chile, tomo IV.
Editorial Zigzag, Santiago de Chile, 1983.
En base a lo expuesto en el texto “Reforma Administrativa Integral de Chile y el Proceso de Regionalización”[1], La reforma debía ser llevada a cabo bajo ciertos órdenes o directrices:
Subsidiariedad: Término legal que significa “reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma”. [2] En la entrada anterior, se menciona que “Durante los años 1939 y 1973, el estado poseía un alto grado de control sobre la economía y los servicios a través de una administración pública centralizada”, El autor de esa entrada dio en lo correcto, el país llevaba varios años bajo una economía controlada por el Estado la cual había comenzado con los gobiernos Radicales en el año 1939[3].
En cuanto a este concepto, existen dos razones que obligan al gobierno de la época a ponerlo en práctica. En primer lugar, el enorme aparato estatal se había convertido en una institución ineficiente que consumía más recursos de los que generaba por lo que era necesario atomizarlo a través de la reducción de sus funciones. En segundo lugar, el modelo de “Estado protector” se convertía cada vez más en un modelo de “Estado Opresor”. El exceso de control no permitía la autoiniciativa o la voluntad de “emprender” por parte de la sociedad. Los altos impuestos y la excesiva regularización de todo el quehacer social mermaban la libertad económica.
Apoliticidad: “el Funcionario público debe tener total presindencia política en su actuación y desarrollo de su carrera, para asegurar la imparcialidad de su gestión”. Como se señalaba en la entrada anterior, los gastos o acciones públicas muchas veces se hacían en base a criterios electorales, por lo que la APOLITICIDAD elimina este problema.
Gradualidad: El proceso debe ir avanzando en forma progresiva y sistemática, sin apresuramientos ni demoras a través del aprovechamiento de las distintas instituciones estatales y el mejoramiento de estas.
Racionalización: al igual que en la implementación de la “Subsidiariedad”, la racionalización busca achicar el aparato estatal a través de una correcta apreciación de la dimensión de los distintas entidades públicas
[1] [1]http://www.subdere.gov.cl/1510/article-68995.html
[2] http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=subsidiariedad
[3] Vial Gonzalo. Resumen de la historia de Chile, tomo IV.
Editorial Zigzag, Santiago de Chile, 1983.
